La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente por tres meses al gobernador de San Andrés, Ronald Housni Jaller, por presuntas irregularidades en la celebración de contratos para la operación del servicio de salud y entrega de medicamentos al Hospital Clarence Lynd Newvald

La investigación también cobija al actual secretario de Salud del departamento, Adolfo Lambis Urueta; a la exgobernadora Aury Socorro Guerrero Bowie, y a los exsecretarios de Salud Miguel Alfredo May Salcedo y Heyder Enrique Avendaño Villa.

El Procurador, Fernando Carrillo Flórez, cuestionó la operación de la IPS Universitaria, contratada para gestionar el hospital, por su deficiente servicio, falta de especialistas, escasez de insumos,  medicamentos y de personal para la atención. 

“Estamos hablando de la vulneración de los derechos a la salud en un territorio tan estratégico y tan fundamental para la defensa de nuestra soberanía”, expresó. 

Reprochó que el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no cuente con un plan para la adecuada gestión de la red pública para la prestación de los servicios de salud. Actualmente opera un convenio con la IPS Universitaria que tiene una vigencia de cuatro años. 

La Procuraduría cuestionó que pese a que el gobernador Housni Jaller conocía la deficiente prestación de los servicios de salud celebró nuevamente un convenio con la IPS Universitaria (1134 de 2017), sin tomar las medidas para superar el caos institucional. 

“Un servicio público que se entregó a operadores privados sin controles de ninguna naturaleza, ejercimos nuestra función preventiva, prendimos las luces rojas, le pusimos la lupa y se volvió entregar el servicio público de la salud a otro operador privado como si no existieran las advertencias de la PGN”, indicó Carrillo. 

Entre las denuncias que investiga la Procuraduría figuran la presunta existencia de carteles para manejar los servicios que requieren los usuarios de la salud en San Andrés.

“La existencia de carteles dentro del hospital como el cartel del oxígeno, de los insumos médicos, de tantas cosas que suponen contrataciones pequeñas, donde siempre se da el mismo patrón y es entregarle a los mismos y a los que prestan deficientemente esos servicios", agregó. 

El proceso tiene origen en una visita especial realizada por la Procuraduría Delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente, que encontró que la IPS Universitaria no presta los servicios en condiciones de calidad, oportunidad y suficiencia tanto en los servicios ambulatorios como hospitalarios, y carece de auditoría para mejorar la atención de la población de la isla, pese a los recursos que invierte la administración.

Expresó que entre los hallazgos que llevaron a la suspensión del gobernador se encuentran el convenio interadministrativo firmado con la IPS Universitaria, cuya selección no habría respetado lineamientos de la Ley 80 sobre contratación; la omisión de la inspección, vigilancia y control a las servicios que ofertó la IPS, la falta de una interventoría efectiva, la presencia de medicamentos vencidos, equipos médicos en malas condiciones y obsoletos.

Así mismo, la Procuraduría indicó que se encontró incumplimiento en el manejo de los residuos hospitalarios (anatomopatológicos), acumulados a la intemperie en canecas plásticas, sin ningún tipo de seguridad, lo que representa un alto riesgo para la población y los trabajadores del Clarence.

Sostuvo que con la suspensión del gobernador se busca evitar "la interferencia del autor de la falta en el trámite de la investigación o permitir que continúe cometiéndola o la reitere". 

Respeto por la decisión

El gobernador, por su parte, indicó que se enteró de la noticia mientras se encontraba en Bogotá, en una visita al Ministerio de Salud, buscando una solución definitiva para las Islas. 

"Respetamos la decisión de la Procuraduría, pero nos entristece porque estamos muy cerca de la solución de un problema que no generamos, pero que si estamos solucionando", indicó. 

Afirmó que han buscado un nuevo operador ante la salida del actual y estar en el empalme, para "garantizar las nóminas de los trabajadores, pagarle las nóminas y las prestaciones sociales atrasadas y buscar una solución definitiva en un máximo de cinco meses". 

"Estábamos solucionando y no vamos a desfallecer hasta lograrlo", finalizó.